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Fuente: 
La Nación
El bloque europeo postergó una decisión, probablemente hasta septiembre próximo, donde debía bajar aranceles contra el producto argentino

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) denunció que el Comité de Prácticas Desleales de la Unión Europea (UE) postergó la reducción de los derechos antidumping contra las exportaciones del biodiésel de soja de la Argentina.

Se esperaba una inminente rebaja de los derechos después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) rechazara en octubre de 2016 una apelación de la UE. La OMC había considerado ilegales los derechos antidumping contra el producto argentino, impuestos en 2013.

"Esta medida europea revela una maniobra proteccionista para mantener cerrado el mercado con argumentos ilegales y arbitrarios, en perjuicio de la Argentina. El daño comercial generado por esta dilación se calcula en millones de dólares por ventas no realizadas en los próximos meses, ya que las empresas argentinas productoras de biodiésel están preparadas para responder a la demanda europea, tras cuatro años de cierre injustificado de ese mercado," dijo Luis Zubizarreta, presidente de Carbio.

Según recordó Carbio, la UE y el gobierno argentino habían acordado un plazo hasta el próximo 10 de agosto para implementar la disminución de derechos antidumping.

De hecho, la UE ya tenía un borrador para bajarlos. No obstante, los países europeos decidieron retrasar la decisión. "Ante la falta de votación por parte de los países europeos, no se reducirán los derechos antidumping para esa fecha", alertó la entidad.

En noviembre de 2013, la UE aplicó un derecho antidumping, lo que determinó que se cerrara ese mercado. La Argentina era el principal abastecedor con ventas por más de US$ 2000 millones.

En marzo de 2016, un panel de expertos conformado por la OMC dictaminó la ilegalidad de la medida impuesta por la UE, que luego apeló. Pero la OMC ratificó la medida en octubre pasado.

La UE debía retrotraer su medida para el 10 de agosto. Ahora, según fuentes empresarias, la UE votaría a mediados de septiembre próximo el borrador para modificar esos derechos. La pérdida para el país por esta demora rondaría los US$ 20 millones, según dijeron a LA NACION.